La oficiosidad del Derecho Constitucional en el Derecho Privado y el efecto de las decisiones de la corte constitucional en el contrato de seguro

Feb 2, 2022

El Derecho tiene una clasificación que ha sido marcada a lo largo de la historia. Dicha clasificación está compuesta de dos ramas, el Derecho Público y el Derecho Privado. Sin embargo, con el paso del tiempo y como consecuencia de los cambios sociales, se ha visto cómo el Derecho Privado ha navegado en aguas del Derecho Público, más que todo en materia de contratación estatal; y, a la vez, el Derecho Público ha entrado a rondar en las relaciones entre particulares, las cuales en principio se encuentran reguladas por normas de Derecho Privado.

Es así como la clasificación del Derecho en Público y Privado no tiene una aplicación rigurosa. En un contexto más específico podemos vislumbrar cómo en Colombia, obedeciendo al modelo de Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política de 1991, se ha otorgado al Estado la facultad de intervenir en la economía, por cuanto no se cree que el mercado sea capaz por sí solo de mantener el movimiento de esta. En ese sentido, el Estado ha entrado a mediar en las relaciones contractuales de los particulares con el fin de direccionar las mismas a favor de la economía nacional, y asimismo de proteger a la parte más débil de dicha relación que en la mayoría de los casos es el ciudadano común. Así pues, las relaciones entre los particulares no son estrictamente reguladas por normas de Derecho Privado, sino que los principios y ejes constitucionales consagrados en la carta política deben orientar dichas relaciones, y es a partir de esto que se puede empezar a apreciar la injerencia que tiene el Derecho Constitucional (Derecho Público) en el Derecho Privado.

Este fenómeno se encuentra estrechamente ligado a lo que los constitucionalistas han denominado ‘neoconstitucionalismo’, el cual es una teoría que a grandes rasgos plantea que las reglas que rigen el estado de derecho se deben interpretar en armonía con principios y valores constitucionales como la dignidad humana, la solidaridad, libertad, igualdad, etc. y que el ejercicio del poder se encuentra supeditado a dichos principios.

En Colombia, la Corte Constitucional como máxima autoridad en la jurisdicción constitucional, es la encargada de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y en aras de cumplir con ese deber ha venido decantando jurisprudencia desde el año 1992 pronunciándose sobre cada una de las disciplinas del derecho, tanto Público como Privado. En ese orden de ideas, se tiene que la Corte Constitucional ha hecho pronunciamientos acerca de asuntos relacionados con la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, la libertad de empresa y la libre iniciativa privada, todos principios y ejes pertenecientes a la esfera del Derecho Privado, algunos específicamente del Derecho Mercantil.

Así entonces, el Derecho de Seguros en la última década ha tenido una moderación considerable por parte de la Corte Constitucional debido a las connotaciones de los fallos proferidos por esta corporación en materia del contrato de seguro, específicamente en el seguro de vida y el análisis de la configuración de la reticencia en la suscripción de este tipo de seguro, en los cuales realiza una interpretación garantista en extremo, que contrasta totalmente con los presupuestos afincados por la Sentencia C-232 de 1997 mediante la cual se realiza un análisis de la reticencia y las implicaciones frente al principio de autonomía de la voluntad, libertad contractual y la ubérrima buena fe en el contrato de seguro (los cuales también son principios constitucionales), así como también de lo dispuesto por los artículos 1056, 1058 y 1158 del Código de Comercio.

La posición actual de la Corte Constitucional en cuanto al análisis de la reticencia en la suscripción del seguro de vida consiste en que la aseguradora por tener una posición dominante en el contrato tiene la carga de probar la mala fe del asegurado cuando se descubre que el mismo padecía alguna afección de salud no declarada al momento del diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad, en virtud del principio de solidaridad y la no vulneración del derecho al mínimo vital. Asimismo, ha manifestado que la aseguradora tiene la obligación de inspeccionar el estado del riesgo realizando exámenes médicos al solicitante del seguro.

Frente a este asunto, se puede apreciar cómo con fundamento en la aplicación de principios constitucionales como la solidaridad y la dignidad humana, la Corte Constitucional ha dado a las normas que regulan el contrato de seguro una interpretación que se extiende más allá del sentido legal que quiso darle el legislador, con lo cual se evidencia claramente la incidencia del Derecho Constitucional sobre el Derecho Privado configurándose el fenómeno llamado “Constitucionalización del Derecho Privado”, lo cual en principio no implicaría una desproporción dada la naturaleza de Estado Social de Derecho que tiene un país como Colombia.

Sin embargo, este fenómeno implica riesgos para la seguridad jurídica puesto que se podría dar una aplicación excesiva al Derecho Constitucional lo que puede ocasionar que se irrumpa sin justificación en la esfera de normativas especiales buscando evadirlas y dar solución a los conflictos jurídicos con la sola aplicación de la Constitución, lo cual no está muy lejos de lo que ha hecho la Corte Constitucional con sus últimas decisiones en materia del contrato de seguro, puesto que ha inaplicado y dado interpretaciones que van en contra del sentido de normas especiales y que se encuentran vigentes en el sistema jurídico colombiano bajo el manto de la aplicación de principios constitucionales, lo cual ha provocado que los jueces tomen en cuenta este precedente sin analizar los presupuestos de cada caso concreto, y hagan caso omiso de la reglamentación existente respecto de este asunto.

En ese sentido, uno de los efectos de la constitucionalización del Derecho Privado en el contrato de seguro, es la carga que se ha impuesto a las aseguradoras de realizar inspección del estado del riesgo y de probar la mala fe del asegurado sin importar las circunstancias de cada caso, lo cual ha provocado que las normas especiales que regulan el contrato de seguro pierdan relevancia y los usuarios de este tipo de seguros incumplan el deber de suscribir el contrato con la máxima buena fe que particularmente lo rige.

Ahora bien, la constitucionalización del Derecho Privado en cuanto a la aplicación de principios constitucionales que inspiren la interpretación de normas legales no necesariamente conlleva un riesgo para la seguridad jurídica en sí, lo que se condena de este fenómeno es su infra aplicación en el entendido de sesgar totalmente las normas legales de Derecho Privado y privarlas de su sentido, bajo la premisa extremadamente garantista de proteger al más débil, dejando de lado las circunstancias de cada caso particular y demonizando las actividades como la aseguradora, que se rigen básicamente bajo los preceptos del Derecho Privado, máxime cuando dichas actividades cuentan con una base constitucional de principios como el de buena fe, libertad de empresa, libertad contractual y la autonomía de la voluntad.

En suma, en Colombia el Derecho Privado se ha desarrollado con atención a los principios constitucionales y su aplicación se da en armonía con dichos principios, lo cual ha permitido encontrar soluciones a conflictos jurídicos que las normas legales que regulan determinada materia no han podido solucionar, sin embargo, este fenómeno también ha generado un riesgo a la seguridad jurídica por la infra constitucionalización del sistema jurídico, conllevando a que las decisiones judiciales puedan ser modificadas en casos de resolución de acciones de tutela, o que los criterios de los jueces ordinarios se vean forzados a cambiar por interpretaciones extremadamente garantistas de los máximos tribunales en el marco del control constitucional.

César Benítez García
Abogado